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Nunca más!

outubro 4, 2010

Juicio a las Juntas 25 años

Una decisión política que soportó todas las presiones

En aquellos días se toma otra decisión clave, con la esperanza de conquistar -o al menos tranquilizar- al peronismo: la investigación sobre la represión estatal iba a establecerse a partir del 24 de marzo de 1976, dejando en las sombras los ataques, crímenes y más de 600 desapariciones de la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón.
Los altos cuadros militares comenzaban a manifestar su intranquilidad. Y en el radicalismo no todos estaban decididos. Personas como Antonio Tróccoli, que sería ministro del Interior, manifestaban fuertes dudas sobre la posibilidad de juzgar a los represores. Lo consideraban algo muy peligroso.
Jaunarena, quien está escribiendo sus memorias, admite que sólo tomó contacto con la cuestión de los Derechos Humanos un mes y medio antes de asumir. “Le pregunté a Borrás cómo era eso de juzgar según los niveles de responsabilidad. Me contestó: ‘Mirá, es una distinción filosófica, hay que implementarla jurídicamente.’ Yo le dije ‘Raúl, cagamos’. Me daba cuenta de que era muy difícil tratar de inculpar a los de arriba, sin hacerlo con los de abajo”.

Para anticipar sus resultados, que sería la base de la acusación en el juicio, la CONADEP decidió grabar un programa especial de televisión. Pese a la inquietud de Alfonsín por el contenido, nadie intervino en el corte final. El 4 de julio de 1984, Canal 13 puso al aire el programa. Como si se tratara de una película de terror, un locutor explicaba que se habían identificado 280 campos de concentración y se habían constatado 8.800 casos de desaparición. Luego, un puñado de víctimas contaba frente a las cámaras el horror que habían vivido. Más de un millón y medio de personas quedaron heladas frente el televisor. Pero antes de que terminara la emisión, una bomba estalló en el techo del canal.
El 20 de septiembre, acompañado por 70.000 personas reunidas en la Plaza de Mayo, Sabato le entregó a Alfonsín el informe final de la CONADEP. Las revelaciones eran dantescas. Al día siguiente, el Consejo Supremo avisó que no llegaría a tiempo para terminar la instrucción de las causas y se despachó con una declaración política de justificación de la represión. Cuatro días más tarde, el fiscal de la Cámara Federal, Julio César Strassera, pidió a los camaristas que se hicieran cargo ellos de la Causa 13. El 4 de octubre le hicieron caso: “La tramitación dilatoria es lo más parecido a la denegación de Justicia”, escribieron en su notificación. Había que poner en marcha el juicio cuanto antes.

30 de octubre, 21 horas: los papeles del Presidente

Alfonsín estaba convencido de que el destino de su gobierno -y acaso el de la democracia misma- dependían de que el Juicio a los ex comandantes llegara a buen término. Tenía sus razones. Entendía que junto con la batalla por poner en caja la desbocada economía, allí estaba su mayor desafío: romper los vasos comunicantes y compromisos entre las Fuerzas Armadas y el pasado dictatorial. Creía que era necesario fijar un marco de referencia, una doctrina jurídica y una impronta en la conciencia colectiva, en los que las violaciones a los derechos humanos serían por primera vez esclarecidas y los dictadores juzgados y castigados. Sin olvidos ni amnistías ni impunidades para ellos. Era consciente de que nadie, en ninguna parte, había logrado hacerlo hasta ese entonces. Y no era claro aún, entre los propios hombres del Presidente, cómo habría de lograrse ahora.
Durante los meses de desarrollo de las audiencias de la Cámara Federal, entre abril y octubre del 85, soportaría toda clase de tensiones. Convocaría a movilizarse en defensa de la democracia amenazada y allí mismo anunciaría la “economía de guerra”. Lanzaría poco después el Plan Austral, enfrentaría paros generales y movilizaciones de la CGT y daría encendidos discursos en cuanto acto oficial lo permitiera. Pero en un capítulo aparte, el objetivo más preciado de Alfonsín era resguardar la independencia judicial, dotar a ese juicio inédito que estaba sucediendo en el Palacio de Tribunales de plena legitimidad y evitar que se viera interrumpido por cualquier motivo o interferencia el camino hacia la determinación y sanción de las principales responsabilidades por los crímenes de la dictadura.
Sabía que se podrían atravesar momentos críticos y que había quienes querían abortar los procesos judiciales e inclusive verlo a él mismo fuera del poder. En esos tiempos inaugurales y esperanzados, pero también de incertidumbres y temores, el Presidente confesaría en la intimidad que no dormía tranquilo. Había días -contaría a los más cercanos- en los que imaginaba despertarse secuestrado o con una pistola apuntándole en la nuca. Tenía de qué preocuparse: entre quienes le debían cuidar la nuca y las espaldas había estado ni más ni menos que Raúl Guglielminetti, relacionado con múltiples actividades criminales clandestinas, cosa que por supuesto Alfonsín desconocía en ese momento y saldría a la luz tiempo después. “Ahí está la diferencia entre la dictadura y la democracia”, reflexionaría en voz alta: “En la democracia, el presidente no puede dormir tranquilo. En una dictadura, es el pueblo entero el que no puede dormir tranquilo y al que le están apuntando a las cabezas”.

El día en que una voz fue la de todos

Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos (…). Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos (…) A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última (…) Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya al pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”.
Con voz grave y tono firme, Julio César Strassera, fiscal principal del Juicio a las Juntas, acababa de cerrar, con esas palabras inscriptas ya en la Historia, su alegato. Difícil evocar lo que pasó entonces en la atestada Sala de Audiencias del Palacio de Tribunales sin que la emoción traicione.

Videla, indiferente a lo que pasaba a su alrededor, continuó ese día con sus lecturas: la mayor parte del tiempo de las audiencias lo había ocupado con el libro Las siete palabras de Cristo en la cruz, de Charles Journet. Galtieri -gesto impensado en estos tiempos- fumaba sin parar; Agosti y Viola tomaban algunos apuntes en sus respectivos blocs. Massera bostezaba y dirigía miradas displicentes a los jueces. Todos trasuntaban aburrimiento, cierto hastío frente a lo que ocurría en esa sala. El único que parecía mostrar algún grado de interés era Anaya. Tal como había ocurrido en los días previos, en medio del alegato acusatorio, los ex comandantes, inexplicablemente, reían cuando se pasó a cuarto intermedio.
La tensión iba en aumento en el recinto y el silencio pesaba cuando, a las 16.45, tomó la palabra Strassera. Habló de crímenes contra la humanidad, de crímenes atroces que ofendieron a la Nación argentina. De delitos como homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad calificada, robos agravados, reducción a la servidumbre, extorsión, sustracción de menores y tormentos seguidos de muerte. Dijo también “la muerte no puede ser una forma de actividad política.(…) Por ello, y en representación de la comunidad argentina vamos a solicitar el castigo que la ley prevé para los que no supieron respetar la vida”. Pidió las condenas para cada uno de los nueve acusados y cerró con el Nunca más de esa jornada irrepetible.
La apoteosis final encontró a los ex comandantes mirando, por primera vez, al público. Alguno lanzó un insulto a esa gente que aplaudía; otros mantuvieron la actitud distante y soberbia. Ya nada de eso importaba. Como en la novela de García Márquez, esos patriarcas que alguna vez fueron se encaminaban a su otoño más temido.
Afuera, tímidamente, empezaba a asomar la primavera.

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